Aunque ya se sabe que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es la más conservadora de las organizaciones empresariales, no deja de asombrar que se atrevan a proponer una reforma fiscal todavía más regresiva que la estructura tributaria vigente. Por lo que dio a conocer en su conferencia de prensa del 2 de agosto, lo que propone la Coparmex a Hacienda es que les reduzcan el impuesto sobre la renta a los empresarios, que por decreto presidencial se conviertan en deducibles de los impuestos todas las prestaciones laborales que cubran las empresas y que se cobre el IVA a alimentos y medicinas.
El argumento para demandar la baja en el impuesto sobre la renta es que el porcentaje máximo actual es de 30 por ciento y debería disminuirse un punto porcentual cada año para finalmente igualarlo con el promedio de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que es de alrededor de 26 por ciento. Lo que no dice la Coparmex es que México es, junto con Brasil, el que presenta una mayor desigualdad en el ingreso, es decir la mayor diferencia entre ricos y pobres, ni tampoco menciona que ocupa el último lugar en los niveles salariales, es decir es donde se paga menos a los trabajadores. Pero eso sí, utiliza como argumento que el impuesto sobre la renta debe igualarse con los niveles de la OCDE.
Mientras en Estados Unidos las remuneraciones pagadas a todos los trabajadores representan 55 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir de todo lo que produce esa economía en un año, y en Canadá 50 por ciento, en México los trabajadores solo alcanzan 25 por ciento del PIB, mientras los empresarios se apropian de alrededor de 60 por ciento.
A pesar de que los empresarios perciben la mayor parte de los ingresos en el país, resulta que los trabajadores aportan más al impuesto sobre la renta, que precisamente es un impuesto sobre el ingreso, que los empresarios, porque los trabajadores son causantes cautivos, es decir, se les descuenta previamente de su salario el impuesto, de modo que no pueden dejar de pagarlo. Los empresarios, en cambio, recurren a la elusión, es decir a aprovechar las facilidades de la ley para deducir el pago de impuestos o de plano a la evasión, por medio de facturas falsas que acreditan costos o gastos, de doble contabilidad y demás vías para el fraude fiscal.
En cuanto a la petición de un decreto presidencial que convierta en deducibles todas las prestaciones laborales que paguen los empresarios, equivale a que sea el Estado el que cubra todas las prestaciones laborales, pues resulta obvio que es lo mismo que el gobierno federal registre una erogación como gasto, o que no reciba un ingreso, porque un gasto de los empresarios es deducible de los impuestos que tendrían que pagar al erario. En otras palabras, los empresarios de la Coparmex, no satisfechos con la reforma laboral que les ha permitido despojar a los trabajadores de casi todos sus derechos, ni contentos con pagar los salarios más bajos de la OCDE y uno de los más bajos del mundo, ahora exigen que cualquier prestación a los trabajadores sea pagada por el Estado al decretarlas como deducibles.
Ya el colmo: no quitan el dedo del renglón de imponer IVA a alimentos y medicinas que, como todo el mundo sabe, es un ataque frontal a los trabajadores y a los sectores pobres de la población, que ya ahora, sin el IVA a alimentos y medicinas, no pueden adquirir ni siquiera la canasta alimenticia.
